(Tercera parte)
por Lourdes Hernández Quiñones
para los trabajadores y amigos del IVEC,
quienes durante este cuarto de siglo
han demostrado su pasión y compromiso
con lo cultural
En el año 2002, los académicos e investigadores del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, Horacio Guadarrama y Bernardo García Díaz, ambos piezas fundamentales para la documentación, registro y reseña de la cultura en Veracruz, escribieron un libro sobre el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), al celebrarse el 15º aniversario de su fundación. Lamentablemente, éste no sería publicado. En dicho ejemplar, a través de entrevistas con distintos actores del arte y la cultura, así como con funcionarios, servidores públicos y trabajadores del instituto, aderezadas con otros testimonios, hilvanaron una narración que daba buena cuenta del tránsito de dicha institución desde el año 1987 hasta el 2002.
Diez años después de que Guadarrama y García Díaz realizaran la investigación sobre el IVEC, las instituciones culturales en México-salvo algunas excepciones-se encuentran sujetas a un deambular errático y son víctimas de la falta de atención e indiferencia por parte de los gobernantes y de las autoridades correspondientes.
Aunque en abril del 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4º Constitucional en el que se establece el derecho de toda persona para acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de los derechos culturales, aún no se cuenta con la Ley correspondiente, dejando a la deriva la responsabilidad del Estado y el compromiso de los ciudadanos para disfrutar de sus derechos culturales. Lo anterior, si bien es resultado del poco valor que se otorga a la cultura como parte del desarrollo social, ha propiciado al mismo tiempo que las políticas públicas en materia cultural no ocupen un primer lugar en la agenda política. Hay excepciones en México, como los estados de Morelos, Yucatán, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal, en los que la cultura se encuentra en un lugar fundamental en las políticas públicas y ello ha acompañado el desarrollo de las entidades, favoreciendo la cohesión social y, en algunos casos, el combate a la delincuencia, convocando a la sociedad a vivir la democracia cultural y a volverse protagonista del quehacer artístico y cultural.
Voces y acciones desde la federación
Durante la inauguración de la Reunión Nacional de Cultura celebrada en Mérida, Yucatán los días 26 y 27 de marzo del 2012, Consuelo Sáizar, Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes establecería en su discurso una premisa fundamental: “Todo proyecto de Nación atraviesa por un proyecto cultural”. Con dicha afirmación, Sáizar devuelve a la cultura-por lo menos en las palabras-la misión primigenia que le corresponde, que es la de sustentar el quehacer de los gobernantes y de los ciudadanos sobre una base cultural (en su más amplio sentido) y humanista; es decir, dar al desarrollo de los pueblos un rostro humano desde lo cultural. Asimismo la presidenta de CONACULTA, en el discurso de clausura de la citada Reunión Nacional de Cultura, plantearía el compromiso de “no hacer más un proyecto (cultural) elitista”, sino que éste deberá estar vinculado con los ciudadanos. Ambos planteamientos, sin pretender hacerlos dogmas, bien podrían tomarse como punto de partida para la definición de políticas culturales en México.
En la Reunión Nacional de Cultura de Mérida se informó que del año 2007 al 2011, a través del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico se entregaron en todo el país estímulos por un total de 346 millones de pesos. Ya anteriormente, durante el Segundo Foro Cultural de la Región Sur celebrado durante el mes de enero del 2012 en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, con la participación de los estados de Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Veracruz, durante las mesas de trabajo se abordó el tema “Los programas federales: fortalezas y debilidades”, en la que se presentaron los puntos de vista de los representantes de las instituciones culturales de dichas entidades. Destaca la participación del antropólogo Margarito Molina, Subsecretario de Culturas Populares e Indígenas de la Secretaría de Cultura de Quintana Roo, quien reflexionó críticamente sobre la relación entre los estados y la federación para el desarrollo de diversos programas y preguntó: “¿Hasta dónde hemos creado una dependencia hacia la federación?, ¿realmente sabemos, cuando proponemos proyectos, qué es lo que deseamos o es únicamente una manera de obtener recursos para justificar nuestro quehacer?; ¿a través de los Programas estamos reflejando una política cultural o simplemente realizamos acciones porque tenemos bolsas disponibles?”. Tales cuestionamientos deben ser repensados desde el interior del país para llegar a una relación horizontal que permita detonar el desarrollo cultural en las múltiples regiones de México, atendiendo la diversidad cultural del país y aprovechando los recursos financieros que otorga la federación en un marco de equidad y transparencia. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, los recursos que canaliza CONACULTA a las entidades han perdido su sentido original para convertirse en simples bolsas de dinero. Asimismo la dependencia financiera del CONACULTA que tienen la mayor parte de las entidades al carecer de recursos propios, ha originado que se preste poca atención a las necesidades reales de cada lugar y sólo se atienda los programas establecidos por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que se ha constituido en un excelente pretexto para no dar respuesta a los actores de la comunidad artística y cultural por insuficiencia presupuestal.
…de Legislaciones culturales y otros pendientes
Es importante considerar que la inclusión del derecho a la cultura en el artículo 4o Constitucional es un avance importante. Sin embargo, mientras que no se cuente con la legislación correspondiente, todo quedará en letra muerta.
La falta de actualización de los diversos instrumentos normativos relacionados con el arte y la cultura es una constante a nivel federal y, por consiguiente en los estados. Tal es el caso de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, publicada en el Diario oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, cuya última reforma data del año 1986. Se requiere revisar esta ley con urgencia para adecuarla a los nuevos tiempos en los que se necesita mayor vigilancia sobre el patrimonio cultural. Lo mismo ocurre con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, promulgada en el año 2008, la cual aún no cuenta con su reglamento. Así, en cada una de las entidades federativas, la actividad cultural ha carecido en muchos casos, de la normatividad que acompañe sus acciones y garantice su desarrollo.
Colofón
Se requiere que las autoridades federales, estatales y municipales estén convencidas de que la cultura debe ocupar un primer lugar en las políticas públicas. Para tal fin, las instituciones culturales deben desarrollar sus tareas con modestia y una visión crítica de la realidad, asumiendo plenamente el compromiso que implica trabajar con la sensibilidad, la creatividad, la imaginación, las ideas; hacer conciencia de que un acto individual-como es el acto creativo-puede trascender hacia lo social para tocar la parte espiritual e invitar a la acción colectiva.
Los 25 años del Instituto Veracruzano de la Cultura han sido construidos por muchos y, sobre todo, por el personal del IVEC: administrativos, técnicos y promotores culturales que desde diversas trincheras institucionales han sostenido con el corazón, con dedicación y esfuerzo una institución que no se ha desmoronando-todavía-gracias a su tenacidad, entrega y perseverancia.
