martes, 28 de febrero de 2017

El Centenario de la Constitución Mexicana y los Derechos Culturales

Lourdes Hernández Quiñones
(Comentario editorial del lunes 27 de febrero de 2017 en el Programa Irradia de Radio Más, conducido por Manuel Vásquez e Ileana Quiroz)

¿Por qué reflexionar en torno al centenario de la Constitución Mexicana de 1917 y el Derecho a la Cultura? Son días de carnaval en los que el ánimo y la atención se distraen en la fiesta y la celebración. Sin embargo, termina el mes de febrero y no quisiera dejar pasar la ocasión para hacer referencia al centenario de nuestra constitución y su relación con la Cultura.
El Derecho a la Cultura incluido en el año 2009 cuando fuera reformado el artículo 4º constitucional surge tarde en nuestra carta magna, sobre todo si consideramos que el derecho a la educación especificado en el artículo 3º data de hace mucho tiempo y es, inclusive, anterior a la constitución de 1917. Gracias al mandato de brindar educación laica y gratuita a la población, nuestro país pudo empezar a construir una nueva nación en la que el derecho de leer y escribir no estuviera restringido para unos cuantos como había ocurrido durante varios siglos. El artículo 3º permitió que emergiera un nuevo rostro en el país y un mayor compromiso del Estado en relación con los servicios educativos.
            No fue así con la cultura. Apenas en 1999 la diputada y actriz María Rojo presentaría la iniciativa para incluir el Derecho a la Cultura en la Constitución Mexicana, pero no sería sino diez años después, en el año 2009, cuando sería aprobada la iniciativa que reformaría al artículo 4º quedando de la manera siguiente:
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.
Me parece que en el caso de la cultura su incorporación como derecho en la Carta Magna en el año 2009 fue resultado de la presión de intelectuales e integrantes de la comunidad artística y cultural que tomaron como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que hace referencia a los derechos culturales en dos de sus artículos.
En el caso del derecho a una educación laica y gratuita, tal precepto permitió ampliar la oferta educativa en nuestro país una vez finalizada la revolución mexicana, a lo largo del siglo veinte. Es decir, el derecho constitucional dio lugar a la acción constitucional. No es así en el caso de la cultura, pues afortunadamente gozamos de los servicios y bienes culturales antes de que estos pudieran estar garantizados por la constitución, de tal manera que la acción lleva al derecho constitucional. Y aunque ello pareciera una afirmación sin sentido, algo así como qué fue primero el huevo o la gallina, considero que no hace sino reafirmar la gran relevancia de la cultura como una construcción simbólica que se vive cotidianamente y de manera natural, permitiéndonos transitar el siglo XXI en un contexto de diversidad, definiendo rutas y senderos culturales.
Faltan, desde luego, muchas consideraciones y condiciones para hacer realidad el párrafo 9º del artículo 4º de la Constitución Mexicana, pues el derecho se refiere principalmente a la posibilidad de disfrutar de los bienes y servicios culturales que presta el Estado y, lamentablemente, existen todavía muchas comunidades donde no se cuenta con los mismos. Por otro lado, aún no se cuenta con la Ley de Cultura que deberá señalar los preceptos para garantizar los derechos culturales establecidos en la constitución. A partir del inicio de este año, se constituyó un grupo de expertos que se encuentran trabajando en la iniciativa de Ley, pero todavía es asignatura pendiente.
Habrá que agregar que en Veracruz se cuenta desde el año 2010, con la Ley para el Desarrollo Cultural del Estado que no cuenta todavía con la Ley Reglamentaria por lo que no ha podido entrar en vigor. Ahora habrá que esperar a la Ley de Cultura federal. Y convocar a todas las musas y a los presupuestos correspondientes para que al sector cultural se le dé el trato que merece, desde la perspectiva de los derechos culturales.







lunes, 20 de febrero de 2017

Polìticas Culturales y Participación Ciudadana

Lourdes Hernández Quiñones
(Comentario editorial en el programa Irradia, de Radio Más, el lunes 20 de febrero de 2017. Conducción de Manuel Vázquez e Ileana Quiroz)

A partir del mes de enero y por invitacion de Manuel Vázquez, Subdirector de Radio Más, hemos estado abordando temas referentes a lo cultural en el programa Irradia. Este texto forma parte de tales comentarios editoriales.


Quisiera compartir con los radioescuchas una reflexión que ha estado rondando por mi cabeza en los últimos tres meses y, particularmente en las últimas dos semanas. En uno de estos lunes aquí en Irradia, Manuel preguntaba dónde quedan las culturas juveniles, la contracultura en este universo de producción cultural. De entrada diría que afortunadamente la producción cultural juvenil es una producción contestataria, que no busca los cauces oficiales para hacerse y mostrarse y que se construye a partir de la necesidad de expresar un discurso sensible e inteligente desde la población joven que por naturaleza es rebelde. Sin embargo, y quizás por ello, las políticas culturales tanto a nivel nacional como estatal, no hacen un énfasis especial en brindar apoyos para el desarrollo de diversas manifestaciones culturales de las y los jóvenes.
            De entrada, si asumimos que las políticas públicas en materia de cultura se construyen desde el Estado con el propósito de organizar el ejercicio de la administración pública y definir qué asuntos se atenderán y cuántos recursos se asignarán para dichas acciones, debemos tener presente que tales decisiones se hacen desde una hegemonía que traza sus líneas de gobierno hacia el desarrollo de acciones que legitimicen su manera de hacer gobierno. Es decir, se trazan los planes y programas de gobierno a partir de diagnósticos que arrojan un aparente rostro de la realidad sobre la que se va a actuar y las decisiones para incidir sobre las problemáticas encontradas se fundamentan en los planteamientos formulados por técnicos o especialistas en la materia.
En el caso que nos ocupa, las políticas públicas en materia de cultura o políticas culturales, ocurre lo mismo y la participación ciudadana se limita a la participación-cada día menor-de algunas personas que se atreven a presentar iniciativas o bien, solicitudes específicas de apoyo, durante los foros de consulta para los Planes de Desarrollo. Sin embargo, y esto lo han estudiado investigadores muy relevantes como Alberto Olvera y Ernesto Isunza, de la Universidad Veracruzana y Felipe Hevia, del CIESAS, el problema de la participación ciudadana es que ésta implica dos factores que a la vez son inhibidores de la misma: por un lado, las y los ciudadanos que acuden a participar en los foros de consulta o bien en consejos de participación ciudadana, son aquellos que poseen cierto conocimiento de la materia y, además, saben cómo se desarrollan las acciones de gobierno en sus diferentes órdenes. De tal manera que aquellos que no tienen tales conocimientos se sienten limitados para tomar parte en las decisiones de gobierno. Ello ocurre también en el ámbito de la cultura donde existen actores múltiples y diversos, con voces y requerimientos distintos y lograr que sean escuchadas y atendidas todas las voces es particularmente difícil aunque eso sería lo deseable.
Por otro lado, generalmente los discursos de los planes de gobierno recurren a las conferencias y convenciones de los organismos rectores de la cultura tanto a nivel internacional como  nacional, que si bien marcan rumbos necesarios e ideales, muchas veces no corresponden a las realidades de los países que habitamos el sur. Por ejemplo, el discurso más reciente habla de la cultura vinculada con el desarrollo de las naciones. Ello se puede observar con claridad en países como Estados Unidos, Inglaterra, donde las industrias creativas y las industrias culturales han generado riqueza que ha generado desarrollo. Sin embargo, en los países que estamos del lado sur, porque como dice el poeta Mario Benedetti, “el sur también existe”, la realidad es otra. Somos un país donde la producción cultural es de una riqueza extraordinaria; sin embargo, todavía no hemos logrado que dicha producción nos genere la riqueza necesaria, económicamente, para un desarrollo de las diversas regiones de nuestro país.

            Entonces, ¿cómo lograr que las políticas culturales se construyan con participación ciudadana? ¿Cómo lograr que en los planes y programas de gobierno se vean reflejadas las inquietudes y necesidades de los diversos grupos y que éstas sean atendidas a través de las acciones de gobierno? Un Estado Democrático, como el que tenemos en nuestro país, requiere diseñar nuevas estrategias para fomentar una real participación ciudadana que propicie nuevas rutas para atender la diversidad. En ese sentido debemos pensar y repensar la construcción de políticas culturales, como una tarea que parta del diálogo y del reconocimiento y respeto a la diferencia. Finalmente, lo que se busca con la construcción de políticas públicas, es hacer posible lo deseable.