(Texto leído
con motivo del anuncio de la creación de la Red de Gestores Culturales de Veracruz el 4 de abril en el Instituto Cultural Realia. Xalapa, Veracruz)
Lourdes
Hernández Quiñones
La utopía está en el horizonte.
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos
y el horizonte se
corre diez pasos más allá.
¿Entonces para que sirve la utopía?
Para eso, sirve para
caminar.
Eduardo Galeano
Pequeña obertura
¿Qué son las políticas
culturales? ¿Qué es la gestión cultural? ¿Todos los que somos ciudadanos de
este país y de este estado, podemos participar en la construcción seguimiento y
evaluación de las políticas culturales? Muchas interrogantes en torno a esta
mancuerna entre Políticas culturales y gestión cultural, compleja pero necesaria para vivir la tan anhelada democracia
cultural.
Si asumimos que las políticas
públicas se construyen desde el Estado
con el propósito de organizar el ejercicio de la administración pública y
definir qué asuntos se atenderán y cuántos recursos se asignarán para dichas
acciones, es necesario considerar también que tales decisiones se hacen desde
una hegemonía que traza sus líneas de
gobierno hacia el desarrollo de acciones que ayuden a dar legitimidad a su
manera de hacer gobierno. Es decir, se trazan los planes y programas de
gobierno a partir de diagnósticos que arrojan un rostro de la realidad sobre la
que se va a actuar y las decisiones para incidir sobre las problemáticas
encontradas se fundamentan en los planteamientos formulados por técnicos o
especialistas en la materia. Pero lo cierto es que todavía, en nuestro país y
en el estado, la construcción de políticas públicas dista mucho de ser un
proyecto de Estado con una visión de desarrollo a mediano y corto plazo.
En el caso que nos ocupa, las
políticas públicas en materia de cultura o políticas culturales, ocurre lo
mismo y la participación ciudadana se limita a la participación-cada día
menor-de algunas personas que se atreven a presentar iniciativas o bien,
solicitudes específicas de apoyo, durante los foros de consulta para los Planes
de Desarrollo. Sin embargo, y esto lo han estudiado investigadores muy
relevantes como Alberto Olvera y Ernesto Isunza, de la Universidad Veracruzana
y Felipe Hevia, del CIESAS, el problema de la participación ciudadana es que
ésta implica dos factores que a la vez son inhibidores de la misma: por un
lado, las y los ciudadanos que acuden a participar en los foros de consulta o
bien en consejos de participación ciudadana, son aquellos que poseen cierto
conocimiento de la materia y, además, saben cómo se desarrollan las dinámicas
de gobierno en sus diferentes órdenes. De tal manera que aquellos que no tienen
tales conocimientos se sienten limitados para tomar parte en las decisiones de
gobierno. Ello ocurre también en el ámbito de la cultura donde existen actores
múltiples y diversos, con voces y requerimientos distintos y lograr que sean
escuchadas y atendidas todas sus voces ha resultado complejo y particularmente
difícil. Y sin embargo, la cultura está ahí, la cultura es producción y
disfrute cotidiano.
Lo cierto es que, generalmente,
los discursos de los planes de gobierno recurren a las conferencias y
convenciones de los organismos rectores de la cultura tanto a nivel
internacional como nacional, que si bien
marcan rumbos necesarios e ideales, muchas veces no corresponden a las realidades
de los países que habitamos el sur de este globo terráqueo llamado tierra, pues
están trazadas desde organismo hegemónicos. A veces se antoja que la UNESCO
fuera itinerante, que pudiera estar un año en un país desarrollado y, al
siguiente, en algún país de los nuestros. Por ejemplo, uno de los discursos de
la ONU y de la UNESCO, habla del vínculo entre cultura y desarrollo. Ello se puede observar con
claridad en países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, donde las
industrias creativas y las industrias culturales han generado riqueza que a su
vez ha generado desarrollo. Sin embargo, en los países que estamos del lado
sur, porque como dice el poeta Mario Benedetti, “el sur también existe”, la
realidad es otra. Somos un país donde la producción cultural es de una riqueza
extraordinaria; sin embargo, todavía no hemos logrado que dicha producción nos
genere la riqueza necesaria, económicamente, para el desarrollo de las diversas
regiones de nuestro país., particularmente en las zonas indígenas donde la
producción de bienes culturales con una fuerte carga simbólica es
extraordinaria.
Entonces,
¿cómo lograr que las políticas culturales se construyan con participación
ciudadana? ¿Cómo lograr que en los planes y programas de gobierno se vean
reflejadas las inquietudes y necesidades de los diversos grupos y que éstas
sean atendidas a través de las acciones de gobierno? Un Estado Democrático,
como el que suponemos tenemos en nuestro país, requiere diseñar nuevas
estrategias para fomentar una real participación ciudadana que propicie nuevas
rutas para atender la diversidad. En ese sentido debemos pensar y repensar la
construcción de políticas culturales, como una tarea que parta del diálogo y
del reconocimiento y respeto a la diversidad cultural. Finalmente, lo que se
busca con la construcción de políticas públicas, es hacer posible lo deseable.
¿Perseguimos la utopía? Sí,
para seguir caminando y trazar rutas de lo posible.
I.Primer movimiento: De las definiciones
para andar los senderos de lo cultural
En ese decir –decirnos- y ser gestores y/o promotores culturales y tener
como materia prima de trabajo a las producciones culturales en forma de bienes
o servicios, rozamos siempre, de una u otra manera, la línea de la construcción
de las políticas culturales. Ya sea porque enfrentamos limitaciones,
indiferencia, obstáculos; o bien porque junto con otros actores culturales
construimos las rutas para encauzar las expresiones simbólicas. Sabemos de los
programas implementados por las instituciones federales, estatales o
municipales, aunque esto último es bastante extraño; conocemos de fundaciones o
bien organismos internacionales que otorgan apoyos de distinta índole para
proyectos culturales y conocemos a más de un actor de lo cultural –llámese
artista, intelectual, artesano, artista popular, ejecutante, creador-. Sin
temor a exageraciones, me parece que nadie mejor que el gestor cultural tiene
el termómetro de lo que acontece en ese ámbito; fundamentalmente si se trata de
un promotor cultural sensible que privilegia en su quehacer el diálogo y se
reconoce como una pieza importante de la acción cultural. Aquel que vive la
experiencia cultural con entrega y profesionalismo; el que se reconoce como
mediador entre el trabajo de los artistas, intelectuales, artesanos,
empresarios culturales y el público consumidor. El promotor o gestor cultural
que ve la cultura como un proceso y no como un producto y que por ello es capaz
de reconocer su importancia “como producción simbólica, constructora de
ciudadanía y factor clave para la economía” (Turino, 2013).
En esta construcción de Políticas Culturales desde la
ciudadanía resulta muy significativo el Documento
Orientador Hacia una Ley General de Derechos Culturales de México (2017)
que fue presentado en la Cámara de Diputados de México, el pasado15 de marzo y
en el que intervino un grupo formado por académicos, investigadores,
intelectuales, abogados y promotores culturales entre los que destacan Carlos
Villaseñor, Lucina Jiménez, Raúl Ávila y Carlos Lara, y en el que se incluyeron
varios apartados que hacen referencia a la participación de los promotores y
gestores culturales. Si bien esta propuesta entregada a la Cámara de
Diputados-junto con otras cuatro- no ha sido aprobada, el sólo hecho de que se
reconozca la figura del promotor y gestor cultural en un documento que podría
dar sustento legal al sector cultural, merece ya nuestro reconocimiento y,
sobre todo, nuestro júbilo al saber que esta profesión va encontrando su
lugarcito en esta realidad donde a veces parecemos ser ignorados.
¿Cuáles son esas menciones? Dicha iniciativa de Ley nos
incluye en sus considerandos:
“Que el Estado Mexicano reconoce el papel
de los artistas, promotores, gestores e investigadores en el desarrollo
cultural y su contribución al cumplimiento de los derechos culturales y su
contribución cultural, social y económica, por lo que establece la importancia
de su participación activa en la elaboración de las políticas culturales
nacionales, el fortalecimiento de sus vínculos sociales y comunitarios, así
como la mejora de sus condiciones de creación, producción y difusión nacionales
e internacionales”(Documento Orientador Hacia una Ley General de Derechos
Culturales de México, 15 de marzo de 2017).
Más adelante establece
en su artículo 3º Definiciones, lo que se entiende por:
Política
Cultural Nacional: Conjunto de principios, orientaciones y
estrategias plasmadas en planes, programas e intervenciones de instituciones de
gobierno, empresas privadas, organizaciones civiles, colectivos, pueblos y
comunidades que tengan por finalidad el objeto de garantizar el acceso a los
bienes y servicios culturales y el ejercicio de los derechos culturales en el
territorio nacional, así como promover el desarrollo cultural sostenible,
orientado hacia el bienestar, la convivencia y la paz.
Promotores
y gestores culturales: Las personas expertas, técnicas,
profesionales o especialistas en la promoción, gestión, administración,
producción, difusión y financiamiento de actividades y servicios culturales; en
los sectores público, social, privado o comunitario; en relación-de manera
enunciativa más no limitativa- con el patrimonio cultural, las expresiones
artísticas, la gestión cultural, el fomento a la lectura, la formación
artística, cultural, cinematográfica, audiovisual, el uso de los medios de
comunicación, las nuevas tecnologías o la cooperación internacional.
Y
en el artículo 6º.-Principios específicos, en la fracción VIII se establece
“Promoción de la participación de los sectores privado y social; así como de
artistas, creadores, investigadores, promotores y gestores culturales, en el
diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política cultural”.
No sabemos, hasta el día de hoy, si dicha iniciativa
presentada con el título Documento
Orientador Hacia una Ley General de Derechos Culturales de México (2017)
será la que permita materializar la Ley federal en torno a la cultura. Sin
embargo, sí sabemos que el reconocimiento de nuestra profesión nos obliga a
redoblar y fortalecer nuestras acciones en muchos sentidos y considerar que una
de las tareas en las que debemos insistir es en nuestra participación en la
construcción de las políticas públicas de la cultura, pero también en su
seguimiento y evaluación. Creo que la organización de los diversos actores
culturales en redes o colectivos es sin duda la ruta. Somos como una orquesta
sinfónica en donde cada integrante es el ejecutante virtuoso de su instrumento
y organizados somos una orquesta donde esas cualidades se magnifican y las
voces de cada instrumento son un diálogo permanente, y por ello podemos hacernos
visibles y actuantes en el escenario público que no pertenece exclusivamente al
Estado y sus instituciones sino que es el escenario político donde se vive y se
construye la ciudadanía y, por supuesto, la ciudadanía cultural.
Me
quedo con la definición que hace Néstor García Canclini (1989) sobre la política cultural: “El conjunto de
intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos
comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer
las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de
orden o de transformación social”. Me gusta esta definición pues reconoce la
participación de la variedad de actores en la elaboración de las políticas,
como decisiones orientadoras de lo simbólicas. Por ello estoy convencida de la
necesidad de la intervención de los promotores culturales y de los demás
actores culturales en el diseño de las mismas, viviendo este proceso desde una
democracia cultural.
II.Segundo movimiento: Las
voces de organismos culturales internacionales y las Políticas Culturales y su
mirada hacia América Latina y México
Decía al iniciar mi
participación que muchas de las formulaciones hechas por los organismos
internacionales responsables de la cultura,
no corresponden a las realidades que vivimos en los países que estamos
al sur (lo que quiere decir que no estamos en el norte y, por ello, no estamos
en el desarrollo). Sin embargo, y sí
quisiera dejar muy claro que reconozco que gracias a las conferencias sobre
Políticas Culturales implementadas desde los años sesenta por la UNESCO, fue
posible que los gobernantes y políticos del mundo pusieran atención en temas
como el patrimonio cultural, la identidad y la creación artística.
En ese
sentido ha sido muy relevante para nuestro país que mexicanos como Lucina
Jiménez, Carlos Villaseñor y Lourdes Arizpe han tenido una presencia activa en
la UNESCO con distintas funciones y responsabilidades, lo que nos ha dado
oportunidad para conocer de primera mano muchas de las resoluciones como la
Agenda 21 de la Cultura o la Declaración de Hangzhou, China “La Cultura: clave
para el desarrollo sostenible”. Asimismo, la organización de los países
iberoamericanos ha propiciado el desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana
que reconoce el potencial artístico y cultural y establece distintas acciones posibles
para el desarrollo de nuestra región.
Me
parece que uno de los documentos más importante es el que plantea la
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que a partir
de la Agenda 21 adoptan el documento “Cultura 21: Acciones”, donde se reconoce
la importancia de los gobiernos locales para un desarrollo cultural
sustentable. Ello nos plantea un reto interesante para lo que podría ser una de
nuestras premisas como gestores culturales al poder incidir en la construcción,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de cultura en lo
local: ¿Cómo concretar las premisas de la Agenda 21 para la construcción de
Políticas Culturales Municipales, Políticas Culturales de las ciudades y
Políticas Culturales Ciudadanas? Nuestra atención debe partir de las ciudades
donde es posible actuar de forma inmediata y donde se carece de políticas
culturales municipales que den sentido al quehacer de los ayuntamientos.
Estoy
convencida de que ese debe ser nuestro siguiente paso: construir colectivamente
nuestras propias políticas culturales desde nuestros territorios para que
obedezcan a nuestras realidades, limitaciones y posibilidades.
En ese
sentido, hago mía una de las declaraciones que se presentan en el apartado de
los valores de la Agenda 21 retomados por la Organización Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos:
Además de los gobiernos locales, es necesario que los
actores de la sociedad civil, las organizaciones privadas y los ciudadanos particulares
sean reconocidos como actores clave en los debates públicos, en el
establecimiento de prioridades, en la elaboración de políticas y en la gestión
y la evaluación de programas. La sobre institucionalización desequilibra el ecosistema
cultural local tanto como la privatización. (CGLU, 2015).
III. Vivir la gestión cultural
como ejercicio de los Derechos Culturales
Considero fundamental
que sigamos fortaleciendo nuestro quehacer de gestores con mayores herramientas,
técnicas, metodologías, con un sustento dialógico en el que la acción y la
reflexión estén en constante interacción. El momento nos exige vivir la gestión
cultural con la conciencia de que se trata de ejercer nuestros derechos
culturales. Y ese ejercicio tiene que ver con diversos colectivos y distintos
territorios que dan sentidos múltiples a lo cotidiano, donde el nos-otros es
ese reconocernos en la diversidad y en la posibilidad de expresarnos
culturalmente. Y también en la posibilidad de interactuar y llegar a acuerdos con los diversos actores
que confluyen en el sector cultural: sector público, sector privado y sociedad
civil. Concebir a las Políticas Culturales y a nuestro quehacer de gestores y/o
promotores culturales en el marco de los Derechos Culturales nos da también la
oportunidad de hacer real la democracia cultural y de participar activamente en
el disfrute y creación de bienes y servicios culturales, garantizando la
libertad de expresión y de creación por parte de las instituciones públicas y
de otras instancias relacionadas con el sector.
V. Encore. Bienvenida la Red de
Gestores Culturales de Veracruz
Una de las expresiones
más claras de la acción dialógica de
la acción cultural a la que me he referido, es el motivo que nos congrega esta
noche: la creación de la Red de Gestores Culturales de Veracruz, un colectivo
de diversos profesionistas con distintos perfiles profesionales que decidieron
dejar de lado una actitud pasiva ante los distintos problemas que enfrenta la
cultura en Veracruz, a una posición proactiva para construir nuevos escenarios
para la gestión y promoción de la cultura. Ya corresponderá a los integrantes
de esta naciente organización dar los detalles. Solamente les digo que les
agradezco profundamente la invitación para acompañarlos esta noche y que me
siento muy feliz de la oportunidad que representa la Red para todos los que
estamos interesados en el tema. Confío en que su capacidad de convocatoria
permita que en unos meses esta red agrupe a promotores y gestores de diversos
municipios de la entidad en el compromiso de vivir nuestro quehacer como un
Derecho Cultural. ¡Bienvenida y larga vida a la Red de Gestores Culturales de
Veracruz!
Xalapa,
Veracruz, a 4 de abril de 2017.
Bibliografía
Documento Orientador Hacia una Ley General de Derechos
Culturales de México (2017),
descargado de https://www.academia.edu/31895244/DOCUMENTO_ORIENTADOR_HACIA_UNA_LEY_GENERAL_DE_DERECHOS_CULTURALES_DE_M%C3%89XICO
el 31 de marzo de 2017.
García Canclini, N. (1989). Introducción.
Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano”, en
Néstor García Canclini, (coord.), Políticas
culturales en América Latina, Grijalbo, México, p.25.
Turino, C. (2013). Puntos de Cultura, cultura
viva en movimiento, RGC Libros. Buenos Aires.
Cultura 21: Acciones. Compromisos sobre el papel
de la cultura en las ciudades sostenibles (2015). CGLU, Culture 21. Agenda 21
de la Cultura.
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