Lourdes Hernández Quiñones
a Ida Rodríguez Prampolini
A
partir del año 2009 empezaron a generarse a nivel federal, una serie de hechos
muy relevantes para la cultura en nuestro país, con las modificaciones a los
artículos 4º y 73º de nuestra Constitución que permitieron incorporar el
Derecho a la Cultura en la Carta Magna. Un asunto que había estado pendiente
por muchos años. Seis años después, en diciembre del año 2015 por decreto
presidencial se crea la Secretaría de Cultura; y apenas el pasado 19 de junio, se expide la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales.
A la
par de lo anterior, en las diversas entidades del país ha habido propuestas e
intentos por fortalecer al sector cultural. Es el caso de Veracruz, donde en el
año 2010 fue promulgada la Ley para el Desarrollo Cultural del Estado, de la
que, lamentablemente, nunca se expidió la Ley reglamentaria. Habrá que decir
que dicha ley ya introducía conceptos que aparecen en la Ley General de Cultura
y Derechos Culturales, como es el tema de los Derechos Culturales; y además
planteaba una participación importante de los municipios, considerando que
estos debían elaborar e instrumentar Programas Municipales para el Desarrollo
Cultural y coordinar y gestionar proyectos y actividades culturales con los
órdenes de gobierno federal y el estatal; además introducía el reconocimiento
de la figura del promotor y gestor cultural. Sin embargo, esta Ley no se aplicó
por carecer de la ley reglamentaria correspondiente; en ese sentido, existe un
hueco jurídico que ha repercutido en el debilitamiento del sector en Veracruz.
Por
ello, la promulgación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales abre
una oportunidad para que los diversos actores del sector cultural que son
múltiples y diversos, contribuyamos a hacer realidad esta Ley con miras a que
la creación, difusión, promoción, gestión, preservación, participación,
práctica y disfrute de la cultura se desarrollen y vivan como un Derecho
Constitucional a partir del conocimiento y reconocimiento de nuestros derechos
culturales; y que contribuyamos a la promoción, respeto y protección de estos
derechos.
Destaca
la participación de Lucina Jiménez y de Carlos Villaseñor, junto con otras 12
especialistas en cultura, en el Consejo redactor del Documento orientador Hacia una Ley General de Derechos Culturales
de México que fue entregado a la Comisión de Cultura de la Cámara de
Diputados federal el 15 de marzo de 2017 y que tuvo el propósito de aportar
elementos para ser la base de la iniciativa de Ley en la materia, junto con
otras cuatro propuestas más. Me habría gustado encontrar en la Ley que ahora
tenemos, mucho de lo planteado por dicho
equipo redactor en el Documento
Orientador, lo que habría permitido, sin duda, tener una ley que respondiera a
las necesidades y exigencias del sector y de sus múltiples actores en el siglo
XXI.
A pesar
de limitaciones y carencias que se pueden encontrar en este instrumento
jurídico, sobre todo considerando el Documento Orientador al que hice referencia,
la Ley es un primer paso para fortalecer el sector y una oportunidad para los
actores de lo cultura para repensar y/o replantear su quehacer. En ese sentido
me gustaría citar un fragmento del discurso de la Doctora Ida Rodríguez
Prampolini, quien fuera directora del Instituto Veracruzano de la Cultura, recientemente
fallecida, al ingresar como miembro honorario de la Academia de Artes el 7 de
noviembre de 1974, y en el que cuestionaba el papel del crítico de arte:
“Si
en el plano real soy consciente de nuestras limitaciones como grupo y las
asumo, no puedo dejar, por otra parte, de soñar mi utopía; que tratemos entre
todos de poner el arte y las tareas de la crítica al servicio de aquellos que,
hasta ahora, no han tenido oportunidad de gozar ni de crear las grandes
concepciones estéticas del espíritu humano, pero que las han hecho posibles,
con su esfuerzo. Que en un futuro no se hable de la cultura como patrimonio de
los intelectuales y la élite de los afortunados, sino de la cultura de todos
los hombres”.
Las
palabras de la tan querida y admirada Ida, crítica de arte, intelectual,
promotora cultural, fundadora del Instituto Veracruzano de la Cultura hace ya
30 años y del Consejo Veracruzano de Arte Popular en el año 2000 se refieren
precisamente a la línea que anima la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales y que es la posibilidad de vivir y participar en la cultura como un
Derecho Humano, lo que nos permitiría alcanzar la utopía planteada por Ida.
En su
artículo tercero esta ley se refiere a las manifestaciones culturales
reconociendo su relevancia para grupos, pueblos y comunidades por el
significado que las mismas aportan a su identidad, formación, integridad y dignidad
cultural. Destaco asimismo la mención que se hace de manera reiterada para que
los municipios participen en el cumplimiento de la Ley. Sin embargo, el tema fundamental y eje central de la Ley es el de concebir a la
cultura como un derecho de todas las personas y todas las comunidades para
participar en la vida cultural. Y es esto último lo que nos conduce a
involucrarnos con mayor compromiso para caminar rumbo a una democracia
cultural, en la que la acción ciudadana es determinante.
