jueves, 23 de agosto de 2018

Gestión Cultural y Políticas Culturales en Xalapa, Veracruz


Lourdes Hernández Quiñones

La ciudad de Xalapa ha sido un territorio privilegiado para el desarrollo de las artes y la cultura. Instituciones educativas como la Escuela Normal Veracruzana y la Universidad Veracruzana han sido fundamentales para ello. Las y los maestros, creadores e intelectuales han jugado un papel relevante en ese sentido, al igual que las y los promotores culturales y, más recientemente, las y los gestores culturales, quienes ya sea desde las instituciones públicas relacionadas con la educación, la cultura y las artes o bien desde la sociedad civil y de manera independiente, han fomentado la organización y realización de proyectos y actividades culturales destinadas a públicos diversos.

Como base y marco de tales acciones, en Veracruz se ha generado políticas públicas en materia cultural, particularmente a partir de la década de los años ochenta en que se desarrolla en nuestro país la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de la UNESCO que da como resultado la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, en 1982.

Si bien la Benemérita Escuela Normal Veracruzana se funda en 1886, y la Universidad Veracruzana en 1944, es durante el gobierno de Fernando Gutiérrez Barrios (1986-1992), que se crean dos instituciones relevantes para la difusión y promoción de la cultura: la Secretaría de Educación y Cultura que tendría como su primer titular al maestro Guillermo Zúñiga Martínez, y el Instituto Veracruzano de la Cultura cuya titular sería la doctora Ida Rodríguez Prampolini. En ambas dependencias existieron promotores culturales que trabajaron en su nacimiento y en su posterior desarrollo.

Desde luego, ya la Universidad Veracruzana tenía entre sus funciones sustantivas, además de la investigación y la docencia, la difusión cultural y hasta que aparecen las instituciones mencionadas, en 1987, la universidad estatal era responsable de la promoción de la cultura en la Veracruz. Entre sus grupos artísticos destacaba la Orquesta Sinfónica de Xalapa; su programa editorial, la difusión del cine, y Radio Universidad Veracruzana; además de sus programas académicos en artes y los centros de investigación en torno a las mismas. Y para cada una de estas actividades, programas y proyectos, existía ya la figura del promotor cultural, una persona apasionada por la vida cultural que, en muchos casos, ha asumido su compromiso laboral como compromiso de vida.

Si bien la Universidad Veracruzana ha desarrollado sus propias políticas culturales, que al paso de los años han tenido variantes y en algunos casos  altibajos, quisiera referirme de forma particular a las Políticas Culturales en Veracruz, específicamente a los esfuerzos que empiezan a verse en diversos municipios de la entidad. En algunos de ellos encuentro la figura de las y los promotores y gestores culturales, quienes poco a poco —quizás todavía muy lentamente— están participando en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de las Políticas Culturales, ya sea desde el sector público, en el privado o bien de manera independiente; ello es muy relevante pues los promotores y gestores  son los mediadores de la acción cultural, son bisagra entre los productores de los bienes y servicios culturales y los consumidores de los mismos; actúan directamente en un territorio y con una comunidad cultural, lo que les permite tener el pulso, el conocimiento de lo que se requiere para incidir en el desarrollo cultural local.

Particularmente, en el ámbito local —municipal— su función es más visible, así como la oportunidad para dialogar con los diversos actores involucrados en la acción cultural. Es posible identificar en algunos municipios que iniciaron su gestión el 1º de enero de 2018, a gestores culturales, promotores culturales y promotores de lectura que han sido incorporados como titulares de las áreas responsables de cultura. Tal es el caso del Ayuntamiento de Xalapa donde fungía como su titular el bailarín Alejandro Schwartz quien en el mes de abril fuera sustituido por Diego Salas Avilés, profesor del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, quien también se ha desempeñado como escritor creativo y músico en grupos de jazz. En la titularidad del área de cultura del municipio de Ciudad Mendoza fue nombrada la promotora de lectura y empresaria cultural, Lourdes Cortés. No sé si otros ayuntamientos han considerado incluir en su estructura a otros promotores culturales o bien a creadores y/o intelectuales. Ojalá, porque ello implicaría que se está confiriendo al área responsable la importancia que tiene. Y que ya no se repitan historias como la que se dio en una ocasión cuando al frente de un área de cultura se designó al peluquero del lugar por ser amigo del presidente municipal.

¿Por qué es necesario que el gestor y el promotor cultural se involucre más activamente en la construcción de las políticas públicas en materia de cultura? Habrá que partir del reconocimiento que este profesionista ha logrado en nuestro país y en el mundo, durante los últimos 20 años, la posibilidad de cursar estudios universitarios en esta materia ha incidido no sólo en su profesionalización, sino también en logar una posición social. Ante los nuevos escenarios que se van dibujando en el panorama mundial y, particularmente en nuestro país, a partir de la expedición de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en el año 2017, el quehacer de las instituciones culturales así como el propio de los gestores sea cual fuere su ámbito de trabajo, tiene que replantearse en varios sentidos:

  1. La concepción de lo cultural como un Derecho Humano de todas y todos los habitantes de un territorio, ante lo cual los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de tales derechos mediante el ofrecimiento de bienes y servicios culturales para toda la población.
  2. La consideración del concepto de sustentabilidad vinculado con lo cultural, en el marco de las propuestas de la Agenda 2030.
  3. El diálogo entre los distintos y múltiples agentes culturales como premisa para construir políticas culturales locales.

En relación con el primer punto, quisiera señalar que a partir de la expedición de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, queda normado lo referente al quehacer cultural en los tres órdenes de gobierno y, además, confiere funciones específicas a los municipios por lo que abre la puerta a que las instancias municipales puedan contar con un presupuesto asignado específicamente para la cultura. Por ello, tener en cuenta que la cultura es un derecho, reconocido en la Declaración de los Derechos humanos es relevante tanto en la concepción de nuestros proyectos como en su desarrollo, documentación y evaluación, pues de esa manera los beneficios de su acción se extiende hacia los diversos agentes involucrados. En ese sentido creo que las y los promotores y gestores culturales de todo el país, debemos insistir con la Legislatura Federal para que en un mediano plazo contemos con el Reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales; así como las leyes correspondientes en las diversas entidades. Cabe destacar que la Ciudad de México tiene desde enero del 2018, la Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México que, habrá que señalar, en su articulado y redacción es superior a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Por lo que toca a la necesidad de vincular los conceptos de cultura y sustentabilidad, es una tarea ya inaplazable que lo incorporemos a nuestro quehacer cotidiano y que, además, nuestros proyectos los concibamos en torno a lo planteado por la Agenda 2030, un plazo que pudiera parecer distante y que, sin embargo, se encuentra a sólo 12 años de distancia en que tendríamos que haber alcanzado en el mundo el Desarrollo Sustentable que nos permita erradicar la pobreza y preservar nuestros recursos naturales. Ello tiene que ver con el planteamiento que escuchamos a menudo de hacer de la cultura un tema transversal en la agenda pública. En ese sentido, han empezado a publicarse de manera digital una serie de documentos que plantean rutas de acción que parten de nuestros pueblos originarios, quienes de nueva cuenta son los que nos dan el ejemplo de cómo viven la sustentabilidad por una sabiduría ancestral:

“Las sociedades humanas  siempre han desarrollado y adaptado su patrimonio cultural inmaterial que es vital para lograr la seguridad alimentaria.  La medicina tradicional puede contribuir al bienestar y a la calidad de salud para todos. Las prácticas tradicionales relativas a la gestión del abastecimiento de agua pueden contribuir al acceso equitativo al agua potable y al uso sostenible del agua, particularmente en la agricultura y otros medios de subsistencia.  El patrimonio cultural inmaterial puede contribuir a reforzar la cohesión social y la inclusión”. (UNESCO, 2015).

Así pues, los promotores y gestores culturales podríamos aprender muchas de estas experiencias comunitarias y replicarlas en nuestros proyectos culturales, para contribuir al logro de los 17 ODS. Nuestras miradas, nuestras preocupaciones —estoy convencida— tienen que vincularse con la posibilidad de construir mejores mundos a partir de la cultura y ello incluye, por supuesto, la detonación de empresas creativas y culturales, o bien cooperativas culturales, que sean el conducto para que los bienes y servicios culturales encuentren terreno fértil para su comercialización. Quizás bastaría con mirar mejor el mundo, con saber escuchar lo que se ha hecho, con atrevernos a plantear nuevas respuestas para las nuevas realidades.

Y, finalmente, el tercer punto: el diálogo entre los distintos y múltiples agentes culturales como premisa para construir políticas culturales locales. Parto de lo que afirma Alfons Martinell (2001), quien afirma que hay ausencia de diálogo entre los agentes culturales (servidores públicos, gestores y promotores culturales, empresarios culturales y creativos, iniciativa privada e instituciones educativas), por lo que llama a que “los responsables de las políticas culturales que actúen tanto a nivel local como a nivel nacional, tendrán que adquirir una nueva dimensión del concepto de responsabilidad pública, facilitando la participación de la población en la gestión de los intereses culturales y manteniendo diálogos en los que se garantice un marco de franqueza y comprensión mutua”. Asunto que tiene relación directa con la gobernanza y la anhelada participación ciudadana en la planeación y evaluación de las políticas públicas.

La construcción de Políticas municipales de Cultura es una tarea necesaria y urgente. Para ello se cuenta ya con experiencias que bien pueden ser de utilidad como  el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018 (2014), de la Ciudad de México que se desarrolló con la participación de especialistas en cultura, algunos de ellos gestores culturales. Asimismo existen dos documentos fundamentales para la construcción de políticas culturales municipales: la Agenda 21 de la Cultura y la Carta de los Derechos Culturales del Municipio de Mérida.

El primero de ellos es resultado de una dinámica mundial de ciudades agrupadas en la organización “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos CGLU, que da origen a la Agenda 21 en el año 2004, un documento suscrito por más de 500 ciudades del mundo con el fin de vincular Cultura, Ciudadanía y Desarrollo Sustentable en el ámbito local. En éste se plantea rutas para reconocer el papel de la cultura en el desarrollo local sostenible y propone hacer de la cultura el cuarto pilar del desarrollo.

En el caso del segundo documento, es importante señalar que Mérida es la primera Ciudad de México que adoptó una Carta de Derechos Culturales, en la que se plantea que las ciudades actualicen sus marcos normativos para cumplir con los Derechos Culturales de todos los ciudadanos. A partir de la Carta de Derechos Culturales, el municipio de Mérida pone el centro de sus políticas y estrategias culturales en las personas y sus derechos culturales.

Reitero la necesidad de replantear el quehacer de las instituciones públicas de cultura, de los promotores y gestores culturales, y de las políticas culturales a partir de una nueva concepción de la cultura como un Derecho Humano; así como la urgencia de reflexionar en torno a la consideración de cuál es la contribución de la cultura al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la premisa del diálogo entre los diversos agentes culturales para la construcción de políticas culturales locales.

Se trata de desarrollar políticas públicas municipales de cultura que tengan como eje estratégico los Derechos Culturales; y como conceptos fundamentales los de la Agenda 21 de la Cultura: Cultura, Ciudadanía y Desarrollo Sustentable; y que consideren a los diversos actores del sector público, sector privado y sociedad civil. Se trata de refundar instituciones y de abrir nuestros sentidos a los retos que nos presenta este nuevo siglo para responder a través de las políticas públicas de cultura a las exigencias de bienestar de la ciudadanía.

Referencias
Carta de los Derechos Culturales del Municipio de Mérida (2015). Consultado en:http://www.merida.gob.mx/municipio/sitiosphp/merida/descargas/p_carta_derechos.pdf. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2017.

Martinell, Alfons (2001). “Políticas Culturales en Diálogo” (p. 126-132), en Cooperación Cultural Euroamericana.II Campus Euroamericano de Cooperación Cultural. Consultado en: www.campuseuroamericano.org Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2017.

Patrimonio Cultural inmaterial y desarrollo sostenible. (2015). UNESCO.
Consultado en: https://ich.unesco.org/doc/src/34299-ES.pdf Fecha de consulta: 20 de abril de 2018.

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