Lourdes Hernández
Quiñones
La
ciudad de Xalapa ha sido un territorio privilegiado para el desarrollo de las
artes y la cultura. Instituciones educativas como la Escuela Normal Veracruzana
y la Universidad Veracruzana han sido fundamentales para ello. Las y los
maestros, creadores e intelectuales han jugado un papel relevante en ese
sentido, al igual que las y los promotores culturales y, más recientemente, las
y los gestores culturales, quienes ya sea desde las instituciones públicas
relacionadas con la educación, la cultura y las artes o bien desde la sociedad
civil y de manera independiente, han fomentado la organización y realización de
proyectos y actividades culturales destinadas a públicos diversos.
Como base
y marco de tales acciones, en Veracruz se ha generado políticas públicas en
materia cultural, particularmente a partir de la década de los años ochenta en
que se desarrolla en nuestro país la Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales de la UNESCO que da como resultado la Declaración de México sobre
las Políticas Culturales, en 1982.
Si
bien la Benemérita Escuela Normal Veracruzana se funda en 1886, y la
Universidad Veracruzana en 1944, es durante el gobierno de Fernando Gutiérrez
Barrios (1986-1992), que se crean dos instituciones relevantes para la difusión
y promoción de la cultura: la Secretaría de Educación y Cultura que tendría
como su primer titular al maestro Guillermo Zúñiga Martínez, y el Instituto
Veracruzano de la Cultura cuya
titular sería la doctora Ida Rodríguez Prampolini. En ambas dependencias existieron
promotores culturales que trabajaron en su nacimiento y en su posterior desarrollo.
Desde
luego, ya la Universidad Veracruzana tenía entre sus funciones sustantivas,
además de la investigación y la docencia, la difusión cultural y hasta que
aparecen las instituciones mencionadas, en 1987, la universidad estatal era
responsable de la promoción de la cultura en la Veracruz. Entre sus grupos
artísticos destacaba la Orquesta Sinfónica de Xalapa; su programa editorial, la
difusión del cine, y Radio Universidad Veracruzana; además de sus programas
académicos en artes y los centros de investigación en torno a las mismas. Y para
cada una de estas actividades, programas y proyectos, existía ya la figura del
promotor cultural, una persona apasionada por la vida cultural que, en muchos
casos, ha asumido su compromiso laboral como compromiso de vida.
Si
bien la Universidad Veracruzana ha desarrollado sus propias políticas culturales,
que al paso de los años han tenido variantes y en algunos casos altibajos, quisiera referirme de forma
particular a las Políticas Culturales en Veracruz, específicamente a los
esfuerzos que empiezan a verse en diversos municipios de la entidad. En algunos
de ellos encuentro la figura de las y los promotores y gestores culturales,
quienes poco a poco —quizás todavía muy lentamente— están participando en el
diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de las Políticas Culturales, ya
sea desde el sector público, en el privado o bien de manera independiente; ello
es muy relevante pues los promotores y gestores son los mediadores de la acción cultural, son
bisagra entre los productores de los bienes y servicios culturales y los
consumidores de los mismos; actúan directamente en un territorio y con una
comunidad cultural, lo que les permite tener el pulso, el conocimiento de lo
que se requiere para incidir en el desarrollo cultural local.
Particularmente,
en el ámbito local —municipal— su función es más visible, así como la
oportunidad para dialogar con los diversos actores involucrados en la acción
cultural. Es posible identificar en algunos municipios que iniciaron su gestión
el 1º de enero de 2018, a gestores culturales, promotores culturales y
promotores de lectura que han sido incorporados como titulares de las áreas
responsables de cultura. Tal es el caso del Ayuntamiento de Xalapa donde fungía
como su titular el bailarín Alejandro Schwartz quien en el mes de abril fuera
sustituido por Diego Salas Avilés, profesor del Centro de Estudios de Jazz de
la Universidad Veracruzana, quien también se ha desempeñado como escritor
creativo y músico en grupos de jazz. En la titularidad del área de cultura del
municipio de Ciudad Mendoza fue nombrada la promotora de lectura y empresaria
cultural, Lourdes Cortés. No sé si otros ayuntamientos han considerado incluir
en su estructura a otros promotores culturales o bien a creadores y/o
intelectuales. Ojalá, porque ello implicaría que se está confiriendo al área
responsable la importancia que tiene. Y que ya no se repitan historias como la
que se dio en una ocasión cuando al frente de un área de cultura se designó al
peluquero del lugar por ser amigo del presidente municipal.
¿Por
qué es necesario que el gestor y el promotor cultural se involucre más
activamente en la construcción de las políticas públicas en materia de cultura?
Habrá que partir del reconocimiento que este profesionista ha logrado en
nuestro país y en el mundo, durante los últimos 20 años, la posibilidad de
cursar estudios universitarios en esta materia ha incidido no sólo en su
profesionalización, sino también en logar una posición social. Ante los nuevos
escenarios que se van dibujando en el panorama mundial y, particularmente en
nuestro país, a partir de la expedición de la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales en el año 2017, el quehacer de las instituciones culturales así como
el propio de los gestores sea cual fuere su ámbito de trabajo, tiene que replantearse
en varios sentidos:
- La concepción de lo cultural como un
Derecho Humano de todas y todos los habitantes de un territorio, ante lo
cual los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar el
cumplimiento de tales derechos mediante el ofrecimiento de bienes y
servicios culturales para toda la población.
- La consideración del
concepto de sustentabilidad vinculado con lo cultural, en el marco de las
propuestas de la Agenda 2030.
- El
diálogo entre los distintos y múltiples agentes culturales como premisa
para construir políticas culturales locales.
En
relación con el primer punto, quisiera señalar que a partir de la expedición de
la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, queda normado lo referente al
quehacer cultural en los tres órdenes de gobierno y, además, confiere funciones
específicas a los municipios por lo que abre la puerta a que las instancias
municipales puedan contar con un presupuesto asignado específicamente para la
cultura. Por ello, tener en cuenta que la cultura es un derecho, reconocido en
la Declaración de los Derechos humanos es relevante tanto en la concepción de
nuestros proyectos como en su desarrollo, documentación y evaluación, pues de
esa manera los beneficios de su acción se extiende hacia los diversos agentes
involucrados. En ese sentido creo que las y los promotores y gestores
culturales de todo el país, debemos insistir con la Legislatura Federal para
que en un mediano plazo contemos con el Reglamento de la Ley General de Cultura
y Derechos Culturales; así como las leyes correspondientes en las diversas
entidades. Cabe destacar que la Ciudad de México tiene desde enero del 2018, la
Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de
México que, habrá que señalar, en su articulado y redacción es superior a la
Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Por lo
que toca a la necesidad de vincular los conceptos de cultura y sustentabilidad,
es una tarea ya inaplazable que lo incorporemos a nuestro quehacer cotidiano y
que, además, nuestros proyectos los concibamos en torno a lo planteado por la
Agenda 2030, un plazo que pudiera parecer distante y que, sin embargo, se
encuentra a sólo 12 años de distancia en que tendríamos que haber alcanzado en
el mundo el Desarrollo Sustentable que nos permita erradicar la pobreza y
preservar nuestros recursos naturales. Ello tiene que ver con el planteamiento
que escuchamos a menudo de hacer de la cultura un tema transversal en la agenda
pública. En ese sentido, han empezado a publicarse de manera digital una serie
de documentos que plantean rutas de acción que parten de nuestros pueblos
originarios, quienes de nueva cuenta son los que nos dan el ejemplo de cómo
viven la sustentabilidad por una sabiduría ancestral:
“Las sociedades humanas siempre han desarrollado y adaptado su
patrimonio cultural inmaterial que es vital para lograr la seguridad
alimentaria. La medicina tradicional
puede contribuir al bienestar y a la calidad de salud para todos. Las prácticas
tradicionales relativas a la gestión del abastecimiento de agua pueden
contribuir al acceso equitativo al agua potable y al uso sostenible del agua,
particularmente en la agricultura y otros medios de subsistencia. El patrimonio cultural inmaterial puede
contribuir a reforzar la cohesión social y la inclusión”. (UNESCO,
2015).
Así
pues, los promotores y gestores culturales podríamos aprender muchas de estas
experiencias comunitarias y replicarlas en nuestros proyectos culturales, para
contribuir al logro de los 17 ODS. Nuestras miradas, nuestras preocupaciones
—estoy convencida— tienen que vincularse con la posibilidad de construir
mejores mundos a partir de la cultura y ello incluye, por supuesto, la
detonación de empresas creativas y culturales, o bien cooperativas culturales, que
sean el conducto para que los bienes y servicios culturales encuentren terreno
fértil para su comercialización. Quizás bastaría con mirar mejor el mundo, con
saber escuchar lo que se ha hecho, con atrevernos a plantear nuevas respuestas
para las nuevas realidades.
Y,
finalmente, el tercer punto: el diálogo entre los distintos y múltiples agentes
culturales como premisa para construir políticas culturales locales. Parto de
lo que afirma Alfons Martinell (2001), quien afirma que hay ausencia de diálogo
entre los agentes culturales (servidores públicos, gestores y promotores
culturales, empresarios culturales y creativos, iniciativa privada e
instituciones educativas), por lo que llama a que “los responsables de las políticas culturales que actúen tanto a nivel
local como a nivel nacional, tendrán que adquirir una nueva dimensión del
concepto de responsabilidad pública, facilitando la participación de la
población en la gestión de los intereses culturales y manteniendo diálogos en
los que se garantice un marco de franqueza y comprensión mutua”. Asunto que
tiene relación directa con la gobernanza y la anhelada participación ciudadana
en la planeación y evaluación de las políticas públicas.
La
construcción de Políticas municipales de Cultura es una tarea necesaria y
urgente. Para ello se cuenta ya con experiencias que bien pueden ser de
utilidad como el Programa de Fomento y
Desarrollo Cultural 2014-2018 (2014), de la Ciudad de México que se desarrolló
con la participación de especialistas en cultura, algunos de ellos gestores
culturales. Asimismo existen dos documentos fundamentales para la construcción
de políticas culturales municipales: la Agenda 21 de la Cultura y la Carta de
los Derechos Culturales del Municipio de Mérida.
El
primero de ellos es resultado de una dinámica mundial de ciudades agrupadas en
la organización “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos CGLU, que da origen a la
Agenda 21 en el año 2004, un documento suscrito por más de 500 ciudades del
mundo con el fin de vincular Cultura, Ciudadanía y Desarrollo Sustentable en el
ámbito local. En éste se plantea rutas para reconocer el papel de la cultura en
el desarrollo local sostenible y propone hacer de la cultura el cuarto pilar
del desarrollo.
En el
caso del segundo documento, es importante señalar que Mérida es la primera
Ciudad de México que adoptó una Carta de Derechos Culturales, en la que se
plantea que las ciudades actualicen sus marcos normativos para cumplir con los
Derechos Culturales de todos los ciudadanos. A partir de la Carta de Derechos
Culturales, el municipio de Mérida pone el centro de sus políticas y
estrategias culturales en las personas y sus derechos culturales.
Reitero
la necesidad de replantear el quehacer de las instituciones públicas de cultura,
de los promotores y gestores culturales, y de las políticas culturales a partir
de una nueva concepción de la cultura como un Derecho Humano; así como la
urgencia de reflexionar en torno a la consideración de cuál es la contribución
de la cultura al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la
premisa del diálogo entre los diversos agentes culturales para la construcción
de políticas culturales locales.
Se
trata de desarrollar políticas públicas municipales de cultura que tengan como
eje estratégico los Derechos Culturales; y como conceptos fundamentales los de
la Agenda 21 de la Cultura: Cultura, Ciudadanía y Desarrollo Sustentable; y que
consideren a los diversos actores del sector público, sector privado y sociedad
civil. Se trata de refundar instituciones y de abrir nuestros sentidos a los
retos que nos presenta este nuevo siglo para responder a través de las
políticas públicas de cultura a las exigencias de bienestar de la ciudadanía.
Referencias
Carta de los Derechos
Culturales del Municipio de Mérida (2015). Consultado en:http://www.merida.gob.mx/municipio/sitiosphp/merida/descargas/p_carta_derechos.pdf.
Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2017.
Martinell, Alfons
(2001). “Políticas Culturales en Diálogo” (p. 126-132), en Cooperación Cultural
Euroamericana.II Campus Euroamericano de Cooperación Cultural. Consultado en: www.campuseuroamericano.org Fecha
de consulta: 10 de noviembre de 2017.
Patrimonio Cultural inmaterial y desarrollo sostenible.
(2015). UNESCO.
Consultado en: https://ich.unesco.org/doc/src/34299-ES.pdf
Fecha de consulta: 20 de abril de 2018.